Las enfermeras se volvieron invisibles para el sistema de salud: OCE


La Organización, que tiene como objetivo defender los intereses, las condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras, piden que el país respete el derecho al trabajo digno.


Desde el 31 de agosto de 2015, la Organización Colegial de Enfermería (OCE) es la encargada de realizar la inscripción en el Registro Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS) y de expedir la tarjeta profesional para los profesionales en enfermería.

Con la delegación de las funciones públicas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la OCE ha ampliado el horizonte de los profesionales para lograr una mayor visibilidad ante los diferentes estamentos del Estado. María Carolina Prada Moreno, expresidenta y actual directora general de la Organización, asegura que debido a la gestión como gremio lograron detener la iniciativa de la reforma educativa para el sistema nacional de educación terciaria y el marco nacional de cualificaciones que se tramitaba en el Congreso de la República por considerar que perjudicaba el ejercicio de la profesión. "Hemos promovido seis audiencias públicas en el Congreso para debatir los temas más álgidos del sector salud y su impacto en la profesión porque consideramos que nuestra misión es liderar procesos de cambio con la gestión oportuna y presentar alternativas acordes a las necesidades de salud de la población y las políticas nacionales".



En este momento la OCE junto a los 14 entes colegiados de profesionales de la salud están trabajando para mantener el presupuesto que les permita seguir ejerciendo las funciones. A esa batalla se han sumado fuerzas representativas como la del congresista Oscar Ospina Quintero, Representante a la Cámara de la comisión séptima y enfermero de profesión.

Según Blanca Cecilia Vargas González, secretaria general de la OCE, los profesionales y técnicos del sector salud están afrontando los mismos problemas. "Existe un descontento general y hasta nacional porque el modelo no responde a las necesidades de la población. Nos impusieron un sistema centrado en la oferta, la demanda y el aseguramiento, en el cual la salud es una mercancía y por tanto, desconoce por completo las carencias de las personas".

Las políticas públicas y procesos que se han derivado del modelo, asegura la enfermera Vargas, impactan directamente sobre la formación, el desarrollo y la calidad del talento humano y han desencadenado cambios en la práctica de la profesión y en la dinámica laboral. "Además de mostrar el valor que tiene la enfermería dentro de la comunidad, estamos trabajando por reconstruir la dignidad del ejercicio profesional y por formalizar el trabajo para nuestros profesionales en el sector público y privado. Hace años venimos pidiendo que el Gobierno siga las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero seguimos viendo como pauperizan las condiciones laborales a través de contratos por prestación de servicios, tercerización de mano de obra o salarios mínimos con bonificaciones que obligan a cotizar la seguridad social con base en un salario mínimo".


La enfermera: un núcleo en los servicios de salud


Con el actual panorama del sector, continúa Vargas, se requiere de profesionales de la salud que participen plenamente en la búsqueda de estrategias para diseñar un modelo de salud público que realmente responda a las necesidades de la población. Para la directora general de la OCE, Colombia debe eliminar la intermediación de las EPS y el Gobierno debe volver a ser el eje del financiamiento y de la prestación del servicio. "Hemos avanzado, pero aún persisten fuerzas poderosas que quieren mantener un modelo medicalizado, seguir en el esquema de la Ley 100 y desconocer la Ley Estatutaria de la Salud. Después de tres años de aprobación de la estatutaria, el Gobierno sigue infringiendo el derecho a la salud y a la asociación consagrados en los artículos 17 y 18 de la ley en mención".



Las enfermeras aseguran que es indispensable comenzar a redefinir los roles institucionales y separar las funciones del asegurador y prestador. Las últimas reformas han hecho que la enfermera quede relegada de la sociedad, dice la directora Cecilia. "En las rutas planteadas por el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) para la parte de promoción y prevención de la enfermedad, las enfermeras desaparecen de la comunidad y quedan relegadas al centro de salud. Además, en el aspecto laboral, el pago es por producción; es decir, desapareció la contratación laboral y surgió la contratación comercial".

Desde la OCE, los profesionales de enfermería, con una participación del 11 por ciento hombres y 89 por ciento mujeres, deben asumir un papel protagónico en el logro de la calidad, la defensa del derecho a la salud y el costo-efectividad de la atención. Según la enfermera Carolina, eso implica definir desde la docencia y el servicio un nuevo modelo de atención acorde al perfil epidemiológico, y centrado en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. "El Gobierno elaboró un proyecto para la formación interprofesional, pero no tuvo en cuenta a las organizaciones del servicio ni del mercado. Para una reforma efectiva hay que considerar que las condiciones de la enfermería en el contexto actual son completamente diferentes".

Para fortalecer el primer nivel de atención y reducir la demanda de los niveles 3 y 4, donde se concentra el mayor gasto, la enfermera Cecilia cree que se debe impulsar la enfermería hacia un liderazgo más asertivo e inventar estrategias de participación social y comunitaria. "Estamos trazando alianzas con las ligas y las asociaciones de usuarios, pero no ha sido fácil porque hay sectores de la población que nos ven con cierta reserva debido a que el sistema nos ha convertido en los muros de contención de gastos. Sin embargo, nuestro trabajo es facilitar el empoderamiento de las comunidades, escuchar la voz de los pacientes y hacerlos visibles para el sistema".

Por último, con el desarrollo tecnológico, los dispositivos médicos y la tele-enfermería las barreras profesionales son cada vez más débiles. Por eso la actualización es casi una obligación, señala Cecilia. "La OCE, con la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen) -que representa a las 68 facultades-, el Tribunal Superior de Ética de Enfermería y el Consejo Técnico Nacional de Enfermería, que es el órgano asesor del Gobierno, tenemos que hacer la lectura del entorno y trabajar en equipos de alto cumplimiento para acabar con el divorcio entre la formación, el servicio y el mercado. Es la hora de proponer alternativas basadas en las necesidades de los colombianos para generar políticas de salud que, a su vez, hagan que la enfermería se vuelva a posicionar en el mercado laboral".




Soluciones para la crisis de la salud


La Gran Junta Médica Nacional decidió poner el dedo en la llaga y presentar las propuestas para garantizar el derecho a la salud de los colombianos porque la reforma al sector salud es una prioridad en la agenda política.


La Gran Junta Médica Nacional (GJMN), arquitecta de la Ley Estatutaria de la Salud, dice que el país precisa una reforma a la salud que plantee un viraje a la crisis permanente que ha significado el diseño normativo y de política pública de la Ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores. Para este grupo de organizaciones gremiales, académicas y científicas que representan al cuerpo médico nacional, el modelo de salud que está vigente no es compatible con la Ley Estatutaria que fue sancionada por el Presidente de la República, el pasado 16 de febrero de 2015.

Después del análisis permanente del sector salud, la GJMN, integrada por la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Médica Sindical Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil y el Colegio Médico Colombiano, concluyó que no es posible resolver el problema de salud si el país no se aboca a un cambio de modelo que desmonte los dos elementos estructurales que explican la ineficacia del modelo: la intermediación financiera y el lucro que genera la enfermedad. Esto supone, como lo plantea el artículo 2 del marco estatutario, que el Estado recupere la supervisión, regulación, coordinación, organización y el control del sistema nacional de salud, agrega el doctor Nelson Contreras, asesor de la GJMN.

La Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía y quedó sujeta a las leyes del mercado. A partir de ahí se privatizó la salud y surgió la intermediación financiera como un negocio perverso, que ha conllevado a una gran inequidad, aclara el cirujano José Félix Patiño, exrector de la Universidad Nacional de Colombia y expresidente de la Academia Nacional de Medicina. "El negocio de la salud es incompatible con los principios éticos de la medicina. La intermediación financiera interfiere con la autonomía médica, cuesta mucho dinero y perjudica al paciente porque cambió un servicio social, cuya finalidad es atender un derecho humano, por un negocio".

Según la doctora Carolina Corcho, vicepresidente de asuntos gremiales de la Federación Médica Colombiana, el problema no está en que el mercado participe en la provisión de los servicios de salud, así como en la provisión de toda clase de insumos y activos necesarios para la misma. El dilema está en que el mercado tome el control de la asignación y distribución de los recursos del sector salud mientras el Estado se venda los ojos. Lo que ocurre es que la manera como se estructuró el sistema intrínsecamente posibilita el desvío de recursos públicos, la desatención de la población y la emergencia de rentas extractivistas a costa de la enfermedad y en menoscabo de las políticas que ponen énfasis en la prevención, señala el doctor José Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. "Y lo más grave es que actualmente no existe un sistema de vigilancia y control eficaz que permita inspeccionar el funcionamiento financiero de todos los prestadores de servicios de salud. Si el país lograra implementar la Ley Estatutaria y no se saliera de ese marco legal, lograría superar la crisis del sector. Los problemas aparecen cuando se instauran políticas públicas por fuera de la estatutaria y se devuelven a lo que ha significado el modelo de la Ley 100".


El problema no es de plata


Para el doctor Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano y miembro de la GJMN, el problema de la salud en Colombia no es de plata. "Hay que eliminar ese imaginario del colectivo de la población. El origen de la crisis que estamos presenciando en muchos órdenes obedece a un problema social, que se agrava por la falta de autoridad para hacer cumplir la ley. Los médicos somos solo un piñón en el engranaje, pero hemos sido testigos de la incapacidad de la Superintendencia de Salud para sancionar a quienes infringen las normas. De otra parte, dice Baquero, el Instituto Nacional de Salud publicó las cifras que demuestran que la mejora de los indicadores de salud se debe al desarrollo y al progreso en las condiciones de vida; solo el 12 por ciento del aumento en los números obedece a la intervención de los médicos o a la injerencia del sistema de salud. Cuando una población tiene agua potable y se urbaniza, tiene menos factores de riesgo para enfermar".

El sistema cuenta con los recursos necesarios para garantizar el derecho a la salud de todo los colombianos, el inconveniente es cómo se gastan, continúa Baquero. "El verdadero lío está en vender los servicios de salud como una mercancía y en ese pacto institucional sui géneris basado en la premisa de que el mercado es capaz de decidir por sí solo sobre las necesidades de la población en salud". Eso dio lugar al mayor obstáculo para la calidad en la atención de la salud: las EPS con la expectativa de ganancia que obtienen a expensas de la negación de la atención en salud a los usuarios, puntualiza. "Lo que hemos observado es que en cualquier lugar del mundo cuando los aseguradores privados o administradores con ánimo de lucro se hacen cargo de la salud, terminan por acrecentar los costos, restringir el acceso a la atención médica y generar más desigualdad".

El gasto en salud mediado por el mercado acabó privilegiando el consumo de medicamentos, insumos y equipos de alta tecnología, en hospitales de alta complejidad, negocios que, por permitir márgenes de utilidad mucho mayores, presionan por todos los medios su inclusión, consumo y pago por los fondos de la seguridad social, agrega Contreras. La GJMN insiste en que con la Ley Estatutaria se debe acabar con la segmentación de la población según su capacidad de pago en régimen contributivo y subsidiado. De esta forma se garantiza la igualdad de trato. En este sentido, se debe establecer un sistema único e integral de salud, sin regímenes de uno u otra clase ni planes de beneficios. No puede existir una aplicación tecnológica para ver qué servicios se excluyen; además, porque dichas exclusiones dependen del criterio médico, el cual no puede estar supeditado a lo que determine la EPS, dice el profesor Patiño. "Hay que defender la autonomía profesional bajo esquemas de autorregulación, como requisito esencial para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud fundamental, autónomo e irrenunciable, evitando cualquier tipo de constreñimiento".



Decálogo: Política Pública de Salud


La Gran Junta Médica Nacional presenta un decálogo con las propuestas para dar un vuelco al sistema de salud y solucionar una de las mayores preocupaciones de los colombianos, en obediencia a la implementación de la Ley Estatutaria de salud. El SGSSS nació mal y mantiene un grave defecto estructural, la intermediación financiera, que ha llevado la salud a la más profunda crisis en la historia de Colombia.

1. Cumplir y hacer cumplir la Ley Estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo cual implica separar el negocio de la salud de la atención integral, desmontando el fallido modelo de intermediación financiera creado por la Ley 100 de 1993 mediante la normatividad pertinente, revocando todo lo que le sea contrario.

2. Devolver al Estado la rectoría, dirección y coordinación de la política de salud, con una alta participación de la sociedad civil.

3. Garantizar atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad, para lo cual se debe organizar bajo criterio epidemiológico el territorio nacional en regiones saludables y restablecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia por las instituciones prestadoras de servicios de carácter público, privado o mixto, dando funciones de dirección y coordinación a los entes territoriales, dotándolas de personal de verdad representativo de la comunidad en sus órganos de dirección y de control.

4. Impulsar el fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios y docentes como centros y ejes del sistema de referencia y contrarreferencia.

5. Fortalecer el Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud, así como del pago de los gastos que demande el goce efectivo del derecho a la salud. Esto debe garantizar la financiación de los servicios de salud y de los hospitales públicos, incluyendo sus pasivos y la actualización de sus tecnologías e innovaciones y su normal funcionamiento, independiente de la venta de servicios, con subsidio a la oferta en las regiones apartadas y económicamente deprimidas del país.

6. Modificar la estructura de las juntas directivas de los hospitales públicos dando mayoría a verdaderos representantes de la comunidad con el fin de que dejen de ser el botín politiquero que, en forma inaceptable, hoy son.

7. Promover la construcción de una clara y decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano para la salud, que incluya un cambio estructural en la formación, priorizando el desarrollo intelectual, ético y cultural como fundamento de la educación profesional, complementado en las residencias clínicas, con la garantía del reconocimiento de la dignidad, estabilidad de los trabajadores de la salud, incluyendo a los internos y residentes en condiciones laborales justas dignas y socialmente equitativas, lo que se logrará integralmente con las organizaciones gremiales.

8. Generar los mecanismos para que los entes de vigilancia y control público puedan sancionar y suspender a las entidades públicas y privadas que no cumplan con su función. Para ello aparece indispensable que la Superintendencia Nacional de Salud sea un organismo independiente del Ministerio de Salud, como lo son las demás superintendencias.

9. Implementar una fuerte y decidida política pública para el control del precio de los medicamentos.

10. Implementar un sistema integral de información electrónica en las entidades de salud con disponibilidad y acceso por parte de las personas autorizadas, pero siempre garantizando la confidencialidad de la información.




Llamado para que los odontólogos se inscriban en el ReTHUS


El Ministerio de Salud y Protección Social delegó las funciones públicas al Colegio Colombiano de Odontólogos para realizar la inscripción en el ReTHUS de los profesionales en odontología y expedir la tarjeta profesional. Sin esa inscripción el odontólogo no podrá prescribir a través del aplicativo Mipres.


Desde el 21 de septiembre de 2017, el Colegio Colombiano de Odontólogos está a cargo de las funciones públicas; es decir que el Colegio es la entidad responsable de efectuar la inscripción de los profesionales de odontología en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), de expedir las tarjetas profesionales y los permisos transitorios para los profesionales en odontología extranjeros que vengan al país en misiones científicas o para la prestación de servicios de salud con carácter de investigación o humanitario. Los profesionales que ya tengan autorización del ejercicio profesional expedida por la secretaria de salud distrital o departamental antes del 20 de septiembre de 2017, no están obligados a solicitar la nueva Tarjeta ante el Colegio Colombiano de Odontólogos, pero puede se tramitada voluntariamente.

Para el doctor Richard Furman, secretario general de la Federación Odontológica Colombiana (FOC), el trámite permitirá determinar el número real de odontólogos que tiene el país y la distribución de estos profesionales en todo el territorio nacional. "Con la adjudicación de las funciones públicas, el Colegio entra a jugar un papel fundamental para promover la salud bucal como una verdadera política de salud pública en el país".

Los odontólogos, al igual que los médicos, están atravesando una situación muy difícil, explica el Doctor Furman. En los más de 20 años de desarrollo del Sistema General de Seguridad Social la odontología se ha empobrecido y ha perdido su capacidad de acción, agrega. Hoy en día es muy poco probable que un colombiano tenga acceso a un tratamiento odontológico integral porque la alta demanda para la atención y los 20 minutos del tiempo de una consulta odontológica hacen imposible prestar un servicio con calidad. La duración de una consulta de odontología debe ser mucho mayor, pues además del diagnóstico, se debe realizar el tratamiento de inmediato.

De otra parte, continúa Furman, en la consulta privada las condiciones para ejercer no son las mejores. La odontología está muy limitada por los costos, el precio de los insumos y el tiempo. "El profesional que decide abrir un consultorio no tiene un contrato laboral ni unos ingresos fijos, pero sí debe cumplir con una serie de requisitos para la habilitación como baños públicos independientes, rampas para discapacitados, ascensores y muchas más exigencias para un consultorio de 30 metros, que llevan a que muchos odontólogos prefieran ser contratados por una IPS a trabajar como independientes".

Según el secretario de la FOC, el gran inconveniente del actual sistema de salud está en que el usuario no ha sido el centro ni la finalidad del modelo, sino que prima la rentabilidad de los aseguradores y, en nuestro caso, de grandes clínicas odontológicas. Con el pretexto de alcanzar la cobertura universal, se ha descuidado la calidad y el cuidado del recurso humano, dice Furman. "No comprendo el impacto que ha generado tener supuestamente el tercer mejor sistema de salud en el mundo si cada día agrupa a una población más enferma y desatendida. La cantidad de carnés emitidos no puede ser un indicador de la eficiencia de la atención en salud. Si la población aumenta y es más longeva, el Gobierno tendría que disponer de más clínicas y hospitales con servicios de odontología incluidos para suplir la demanda. Creo que el Gobierno está en mora recuperar la autoridad para orientar, vigilar y controlar la prestación de servicios de salud, retomando la función de garante de la salud que delegó en terceros".


Sobreoferta de odontólogos pone en riesgo la calidad


Los retos en la formación del talento humano determinan la responsabilidad de los odontólogos para promover y cuidar la salud oral como uno de los derechos fundamentales de los colombianos. En la actualidad, con 36 facultades de odontología, es necesaria la regulación de la oferta de los programas, los cupos en las facultades y el control de la convalidación de títulos para quienes llegan del extranjero a ejercer en el país, puntualiza. "Hoy en día la gran inversión que deben hacer los alumnos en el pago de matrículas, materiales, equipos, entre otros gastos, no se ve retribuida; eso sin mencionar que la carrera de odontología es una de las más costosas".



"El profesional que decide abrir un consultorio no tiene un contrato laboral ni unos ingresos fijos, pero sí debe cumplir con una serie de requisitos para la habilitación como baños públicos independientes, rampas para discapacitados, ascensores y muchas más exigencias para un consultorio de 30 metros, que llevan a que muchos odontólogos prefieran ser contratados por una IPS a trabajar como independientes."


La responsabilidad que tiene un odontólogo no se pude dejar al capricho de la oferta y la demanda, dice Furman. "El Gobierno tiene que endurecer los controles para que los extranjeros cumplan con los requisitos y los estándares de calidad que no vayan a poner en riesgo la salud de los ciudadanos, como ya ha ocurrido. En países vecinos, como Panamá, todo profesional extranjero que quiera trabajar debe hacer la práctica social obligatoria en lugares marginales. Por el contrario, en Colombia cualquiera hace un curso o un diplomado y le conceden el título con permiso para ejercer".

Ante ese exceso de odontólogos y facultades se ha desencadenado una progresiva precariedad laboral, así como evidentes problemas en la calidad de los profesionales en salud oral. A lo anterior, según el secretario de la FOC, se suma que existen personas que ofrecen cursos de educación continuada supuestamente avalados o supervisados por reconocidas universidades o profesores extranjeros, pero que al final resultan siendo una estafa. En cualquier sistema eficiente, odontólogos y médicos son la base de la pirámide en la prestación de los servicios de salud, afirma Furman. De ahí que el Gobierno tenga que mejorar la planeación del recurso humano para acabar con la desigualdad entre la oferta y la demanda de servicios, lo que a su vez ha conducido a la concentración de profesionales en las principales ciudades, a la pérdida de condiciones laborales y al desamparo de la población en municipios y zonas rurales.

Para finalizar, el doctor Furman cree que los resultados futuros en la mejoría de la salud oral de la población dependen principalmente de la voluntad gubernamental y las políticas que instaure en salud y educación. "Hay mucho trabajo por hacer desde los Colegios, gremios y federaciones que representan a los profesionales de la salud, pero el mayor impulso debe provenir desde el Gobierno para que la acción pública pueda trasformar la realidad de millones de colombianos".