Cesó la horrible noche para los médicos residentes





Por: Dr. Roberto Baquero Haeberlin - Presidente CMC


La sanción presidencial de la Ley 1917 del 12 de Julio de 2018 constituye el primer paso para comenzar a corregir uno de los mayores atropellos y abusos contra los médicos del país. Desde hace años en el seno de los gremios médicos y con las distintas asociaciones de especialidades se abrió la discusión acerca de la precaria e injusta situación de los médicos residentes en Colombia. Vale recordar que en todos los demás países del globo terráqueo los médicos en programas de posgrado en medicina cuentan con un salario por el trabajo que realizan en el hospital debido a que ya son profesionales. En Colombia, pese a reconocerse como la nación con una de las legislaciones más avanzadas del vecindario, los médicos residentes eran ejemplo vivo de la más clara inequidad y abandono por parte del Estado. Por un lado, sujetos a pagar matrículas escandalosas, que en muchos casos superan los 40 millones de pesos anuales, y de otra parte, sin poder recibir ingreso alguno por el trabajo y la dedicación exclusiva en el hospital. Todo esto como una consecuencia más de la implementación del modelo Flexneriano en la educación médica, que llevó a que en 1979 se eliminara el pago que recibían los residentes debido a la protesta social que adelantaron para exigir un aumento de salario que se adecuara a los extensos horarios en los hospitales. La salida del Gobierno de turno fue declarar a los residentes estudiantes y quitarles el estatus de profesionales para abolir los salarios. En 1982 la universidades comenzaron con el cobro de matrículas a los nuevos "estudiantes" y a reglamentar algunos aspectos básicos de las residencias médicas. Una vez inmersos en el modelo Flexneriano que abrió la puerta al libre mercado, la oferta y la demanda, tanto las universidades como las instituciones prestadoras de salud no desaprovecharon la oportunidad de negocio.

Hasta ese entonces los hospitales se encargaban de formar y certificar a los residentes sin tener que cobrar por la labor de docencia. Solo cuando se delega la titulación de la especialidades médicas a las universidades, la formación de médicos especialistas se convierte en el botín de los intermediarios, sin que ello se haya reflejado en mejorar la calidad de la formación. académica o el entrenamiento se haya ajustado a las necesidades de la población colombiana.


"Solo cuando se delega la titulación de la especialidades médicas a las universidades, la formación de médicos especialistas se convierte en el botín de los intermediarios, sin que ello se haya reflejado en mejorar la calidad de la formación."


Por fortuna, con la firma del presidente Santos se da vía libre a la creación del Sistema Nacional de Residencias Médicas que garantiza que se les pague una remuneración mensual no inferior a tres salarios mínimos a título de apoyo de sostenimiento educativo, se les afilie a los sistemas de salud y riesgos laborales a los residentes y que se les dé el derecho a un receso remunerado, que no exceda de 15 días hábiles por año académico. Ese hecho de muestra que la unión de la sociedad civil en torno a objetivos comunes es capaz de lograr los cambios requeridos para el beneficio de la colectividad. Hace tres años lo conseguimos con la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud y ahora la historia del triunfo se repite con la Ley de Residencias Médicas.

El proceso de esta transformación como sociedad enseña que siempre que exista respeto mutuo por las personas, las instituciones y las diferentes posiciones se puede trabajar mancomunadamente para sacar avante leyes, proyectos y propuestas que privilegien al bien común sobre el particular.

El país tomó una decisión en las elecciones al congreso y también eligió a un nuevo presidente. Los gremios y otras organizaciones de médicos estamos prestos para comenzar a entablar un diálogo sincero, amable y tolerante con el fin de adelantar la reforma a la Ley de Ética Médica que sigue poniendo en aprietos el ejercicio profesional de la medicina. Asimismo, la Gran Junta Médica Nacional y otros actores está preparando un proyecto de ley ordinaria para desarrollar la Ley Estatutaria de la Salud que sigue en vilo.

El nombramiento de un médico como ministro de Salud nos llena de esperanza por tratarse de un profesional que conoce muy bien las entrañas del actual sistema de Salud y sus falencias. Desde que se hizo público su nombramiento revivió el optimismo de poder abrir un canal de comunicación claro, constante y respetuoso, ya que con el anterior Ministro nunca se llegó a tener un espacio para dialogar, disentir y plantear soluciones a la crisis de la salud. Desde esta columna le deseo mucho éxito al nuevo Ministro en su gestión.



El precio de la autonomía profesional





Por: Dra. Carolina McCormick Sandoval - Asesora Jurídica de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos


La ley estatutaria de la salud trajo consigo múltiples bondades, no solo para quienes asumimos la condición de pacientes en nuestro país, y que gracias al marco de legalidad somos todos sin discriminación, sino además para los profesionales de la salud que en los últimos 25 años han pasado de tener envidiables condiciones de ejercicio, a pagar un alto precio por su vocación.

Los médicos en Colombia, en atención al artículo 17 de la tan luchada ley estatutaria, han obtenido el reconocimiento pleno de su autonomía profesional. La estatutaria es precisamente una ley que en su alto alcance dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico colombiano, reconoce que es el médico tratante el llamado a determinar la mejor alternativa de atención e intervención para sus pacientes. Se lee y suena lógico, ¿verdad?.


"Cada vez que los médicos callan e ignoran los atropellos de los cuales son objeto en el ejercicio profesional, están fortaleciendo las decisiones y conductas nocivas y reprochables que se fundamentan en la negación de servicios por cuenta de las entidades encargadas del aseguramiento y la atención."


Lo ilógico del asunto es que a pesar de estar reconocido expresamente dicho derecho, encausado en la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica, sean los demás actores del sistema de seguridad social en salud, de manera particular las entidades contratantes, las que interfieran y limiten el justo derecho a la autonomía profesional.

Son múltiples los casos ampliamente difundidos y comprobados en los que médicos, en su mayoría especialistas, han sido objeto de constreñimiento en sus decisiones profesionales, hecho que constituye de manera precisa las conductas que la misma Ley 1751 de 2015 prohíbe expresa y tajantemente.

El ejercicio médico ha venido enfrentando sus más grandes retos, y para desgracia del gremio, lo ha hecho desde la perspectiva de parte contractualmente débil. La priorización del resultado económico dentro del sistema de salud ha dado inicio a una guerra de "mercado", en la que todo tiene un precio que resulta ser determinante para la aprobación o no de una conducta médica o diagnóstica que el profesional ordena en aras de brindar una atención de la mejor calidad al paciente.

Pero el precio más alto que se puede identificar dentro del sistema es el del silencio. Cada vez que los médicos callan e ignoran los atropellos de los cuales son objeto en el ejercicio profesional, están fortaleciendo las decisiones y conductas nocivas y reprochables que se fundamentan en la negación de servicios por cuenta de las entidades encargadas del aseguramiento y la atención.

El silencio de quien es coartado en su autonomía al recibir instrucción precisa respecto al tipo de procedimientos, técnicas quirúrgicas y frecuencias de atención que puede implementar o que, por el contrario, debe negar sin cuestionar, es el trampolín perfecto para que quienes contratan puedan continuar implementando una posición dominante que pone al médico en jaque y al paciente en condiciones de ruego y mendicidad.

Sin embargo, hay un silencio más dañino aún, el de los demás colegas que conociendo a un médico dispuesto a manifestarse en contra de los direccionamientos que restringen su autonomía profesional, prefieren permanecer expectantes, sin intervenir ni tomar partido, cuando es más que claro de qué lado deberían estar. La reclamación y defensa de la autonomía profesional tiene un alto precio que regularmente es la pérdida de estabilidad laboral, pero la apatía y desinterés de los colegas, que conlleva al propio desconocimiento de sus derechos, tienen un precio incalculable que no es otro que la negación de la identidad de un gremio. Puede que el reconocimiento y la defensa de la autonomía profesional nos tome mucho tiempo y llegue a costar demasiado, pero guardar silencio hará que más de 90.000 profesionales de la medicina, sumados a sus generaciones futuras, paguen un precio insufrible e incalculable de vulneraciones y maltratos profesionales.

A pesar de que la dignidad laboral contiene en sí misma multiplicidad de factores, con frecuencia se suele relacionar a una remuneración justa y oportuna, acepciones que actualmente tampoco se cumplen, pero mal haríamos al dejar de lado que todos los derechos consagrados en la ley a favor del médico y demás profesionales de la salud hacen parte de su derecho a un ejercicio profesional libre, digno y autónomo con el que se garantice las mejores condiciones, intervenciones, procedimientos y técnicas a que tenemos derecho todos los colombianos, quienes en principio de sana lógica estamos llamados a respaldar su determinación gremial y valentía.